EL DIVÁN DEL PUMA
CONTRATACIÓN MERITOCRÁTICA
La
designación de funcionarios públicos sin capacidad técnica ni moral en puestos
de alto nivel es un motivo de mucha preocupación y agrava la compleja situación
que afecta el país. Sin funcionarios públicos con las capacidades técnicas y
morales adecuadas, como es el caso de varios ministros del actual Gabinete
Ministerial, el Gobierno no será capaz de solucionar la crisis sanitaria,
económica, social, política e institucional que venimos experimentando. A esto
se suman las renuncias de buenos profesionales en diversos sectores, aptos,
probos y capaces, que han decidido dar un paso al costado ante un liderazgo
inaceptable.
Desde
IPAE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL, consideran
que los mayores afectados por esta situación son los ciudadanos peruanos, pues
no reciben los servicios públicos de calidad que merecen. SIN UNA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN MERITOCRÁTICA, QUE ANTEPONGA LOS
INTERESES CIUDADANOS A LOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS O LOS DE LOS FUNCIONARIOS,
QUE PREVENGA LA CORRUPCIÓN Y QUE ESTÉ ORIENTADA A LA PROVISIÓN EFICIENTE DE
SERVICIOS, UN MAYOR BIENESTAR DE LA POBLACIÓN Y EL DESARROLLO DEL PAÍS SERÁ
IMPOSIBLE, se debe incorporar requisitos mínimos para los puestos de alto
nivel en el aparato estatal, cumpliendo con el perfil técnico y moral que
prevenga la corrupción
PARA TOMAR EN CUENTA:
SE DEBE IMPEDIR
NOMBRAMIENTOS Y ASCENSOS AUTOMÁTICOS.
Para ello, se espera que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la
Ley 31131 (que convierte los contratos CAS a los regímenes 276 y 728,
eliminando los incentivos para transitar al régimen de la Ley de Servicio
Civil) y se debe trabajar en modificar la Ley de Servicio Civil. Asimismo, se
debe preserva avanzado en la designación de personal clave por concurso,
evaluando su extensión a otras entidades con consejos directivos que
intervienen en la regulación, supervisión y fiscalización de los agentes del
mercado, tales como INDECOPI; y, profundizar los mecanismos de transparencia
sobre el cumplimiento del perfil requerido del personal clave.
REFORZAR EL FUNCIONAMIENTO
CLAVE DEL ESTADO. Es
indispensable contratar directivos y servidores públicos mediante procesos
meritocráticos y con nombramiento regulado, en paralelo a los ajustes al régimen
de la Ley de Servicio Civil, se debe considerar remuneraciones competitivas y
esquemas de contratación de la Ley del Servicio Civil, tales como: (I) concurso
abierto de méritos; (II) nombramiento por tres años renovables hasta en dos
oportunidades (renovación sujeta a desempeño); (III) evaluación periódica de
desempeño; (IV) capacitaciones periódicas; y (V) bonos por productividad.
GARANTIZAR INGRESO POR
CONCURSO. Se debe
incorporar los artículos derogados del Decreto de Urgencia 016-2020, con el
objetivo de regular el ingreso y la reposición judicial de funcionarios
públicos, y derogar la Ley 24041 (que permite que servidores públicos
contratados con más de un año ininterrumpido para labores de naturaleza
permanente, puedan solicitar judicialmente su reposición). Asimismo, esta nueva
ley debe introducir mejoras a algunos aspectos que el DU 016-2020 no regulaba
de forma clara, como precisar su ámbito de aplicación a fin de no reponer a
trabajadores que no entraron por concurso público.
REGULAR LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO.
Esta debe considerar el análisis presupuestal y no anteponer intereses de
grupos particulares a los intereses ciudadanos de recibir servicios de calidad.
Se debe derogar la Ley 31188 (que eliminó las consideraciones presupuestales de
la negociación colectiva y debilitó el sistema de gestión del recurso humano
del MEF y SERVIR) y aprobar una nueva ley que incluya los artículos derogados
en el DU 014-2020, con el objetivo de regular la negociación colectiva en el
sector público. Asimismo, una vez que se apruebe esta nueva ley, se recomienda
definir reglas generales sobre incentivos a la productividad.
AUTORIDADES DEBEN RESPETAR
INSTITUCIONALIDAD QUE GARANTICE JUSTICIA OPORTUNA Y PREDECIBLE
IPAE ASOCIACIÓN
EMPRESARIAL, como
miembro activo de la sociedad civil que promueve una institucionalidad sólida,
el crecimiento económico sostenible e inclusivo, la igualdad de oportunidades y
la educación de calidad, hace un llamado al Ministerio Público y al Poder
Ejecutivo a respetar la institucionalidad del país y no ir contra el derecho
ciudadano y cimiento democrático de contar con un sistema de justicia oportuno
y predecible.
La
denuncia realizada por la Procuraduría General del Estado, así como la decisión
del Ministerio Público de abrir investigación preliminar al Presidente de la
República por la presunta comisión de delitos contra la administración pública,
muestran que existen indicios de la presunta comisión de delitos que deben ser
materia de investigación.
Al
respecto, el Ministerio Público debe actuar de manera oportuna y diligente en
investigar los presuntos delitos, en fiel cumplimiento de sus obligaciones
legales y de lo que establece su propia misión: “PREVENIR Y PERSEGUIR EL DELITO, DEFENDER LA LEGALIDAD, LOS DERECHOS
CIUDADANOS Y LOS INTERESES PÚBLICOS TUTELADOS POR LA LEY; (…); VELAR POR LA
RECTA Y EFECTIVA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.”
De
similar manera, sobre las notas periodísticas que dan cuenta de la intención de
destituir al Procurador General del Estado, quien está dirigiendo las
investigaciones contra el Presidente de la República, exhortamos al Poder
Ejecutivo a respetar la autonomía funcional de la Procuraduría, lo que es
esencial para que cumpla su labor de ejercer la defensa jurídica del Estado.
El
Ministerio Público y el Poder Ejecutivo son piezas claves en un sistema de
justicia oportuno y predecible, lo cual requiere que las investigaciones se
realicen de manera oportuna, sin importar quién sea el implicado en los
presuntos delitos, y que se respete la autonomía funcional de la Procuraduría, exhortando
a las autoridades de ambas instituciones a hacerlo, sin ninguna duda un tema
para el debate, hasta nuestra próxima entrega. (Puma)
