REFUGIO NOTICIA
40
FUNCIONARIOS CON RESPONSABILIDAD EN LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN EN PUNO.
La auditoría de cumplimiento
realizada por la Contraloría General a la licitación pública convocada para la
ejecución de la obra “Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital
Regional Manuel Núñez Butrón”, en Puno, detectó irregularidades y la presunta
responsabilidad civil y/o penal y/o administrativa de 40 funcionarios, ex
funcionarios, servidores y ex servidores del Gobierno Regional, por hechos que
se han concretado entre los años 2013 y 2020.
El alcance de la auditoría
comprendió el análisis de actos y documentación desde el año 2013 cuando el
gobierno regional convocó la contratación del estudio de factibilidad y
expediente técnico que fue declarado desierto, y luego contratado como
adjudicación de menor cuantía. Dicho estudio fue declarado viable en el 2015,
pero el gobierno regional decidió cambiar la ubicación de la nueva
infraestructura del hospital y asumió la elaboración del nuevo expediente
técnico por administración directa el año 2017. El año 2019 se convocó su
ejecución mediante licitación pública y, como resultado, el 2020 se suscribió
el contrato para la ejecución de la obra por S/ 329 373 420,56.
La importancia de esta obra
radica en que permitirá mejorar las condiciones y cobertura de atención para
miles de pobladores de la región de Puno ya que siendo un hospital de categoría
III-1 contará con 55 consultorios y 15 salas de procedimientos para consulta
externa y emergencia, 7 salas de operaciones, 2 salas de parto, 213 camas de
hospitalización, 64 camas de cuidados intensivos/neonatal, 8 camas para
quimioterapia ambulatoria, 1 sala de resonancia magnética, banco de sangres,
hemodiálisis, entre otros.
El Informe
de Auditoría de Cumplimiento N° 19338-2021-CG/MPROY-AC
(Periodo de evaluación del 4 de setiembre de 2013 al 2 de julio de 2020) emitido
y notificado a los responsables, determinó una serie de irregularidades en la
convocatoria de la licitación pública, el otorgamiento de la buena pro y la suscripción
de contrato con un postor que no acreditó la experiencia en la ejecución de
obras similares y del plantel profesional clave. También en la eliminación de
componentes del proyecto sin efectuarse la verificación de viabilidad
incumpliendo la normatividad de inversión pública, contrataciones de servicios de
manera previa al requerimiento o a la recepción de la orden de servicio, y el
pago de remuneraciones con fines distintos a la ejecución de la obra, que
afectaron la eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad que deben regir
las contrataciones públicas y uso de recursos públicos.
Respecto a la convocatoria a
licitación pública y otorgamiento de buena pro
Se identificó que el comité de
selección tuvo una actuación contraria a lo previsto en la normativa de
contrataciones del Estado, ya que en el 2019 convocó a licitación pública para
la ejecución de la obra con bases no adecuadas a lo establecido por el OSCE, lo
que motivó que el Tribunal de Contrataciones del Estado declare la nulidad,
retrotrayéndola a la etapa de consultas y observaciones. Ese mismo año el
gobierno regional declaró la nulidad del Acta de Resultados de Evaluación y
Calificación de Ofertas debido a que llevaba la firma de solo dos integrantes
del comité de selección porque se había realizado la desvinculación laboral de los
demás miembros, generando la postergación del otorgamiento de la buena pro.
Estos hechos generaron que el
procedimiento de selección se prolongue hasta el año 2020, lo cual no permitió
el uso de recursos derivados del convenio suscrito entre el Gobierno Regional
de Puno y el Ministerio de Salud por S/ 57 108 259 para la ejecución y
equipamiento de la obra, considerando que tales recursos solo estuvieron
vigentes para el periodo 2019.
El 2020 se reinició el
procedimiento de selección y el comité de selección otorgó la buena pro a un
postor que no cumplió con acreditar el requisito de “experiencia en la
especialidad”, en la ejecución de obras similares; tampoco cumplió con
acreditar la “experiencia del plantel profesional clave” respecto a los
especialistas en instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas-equipamiento
e impacto ambiental. Sin embargo, la
entidad no solicitó la subsanación de dichos alcances y suscribió el contrato
de obra el 19 de junio de ese año, sin contar con el marco presupuestal que garantice
y salvaguarde la atención de los pagos derivados de las obligaciones
contractuales para garantizar los compromisos y ejecución de la obra en dicho
período, lo que afectó el correcto funcionamiento de la administración pública,
así como los principios de eficiencia y transparencia que rigen las
contrataciones públicas.
Supresión de componentes del
proyecto
La Contraloría identificó que se
cambió el lugar para la construcción del nuevo hospital, el cual se concretó sin
efectuar la verificación de la viabilidad del proyecto, la que resultó
necesaria dada la supresión de metas del mismo, entre estas, la construcción del
hospital de contingencia, situación que no permitió conocer el nuevo costo de
inversión y si éste continuaba siendo rentable, incumpliendo la normativa de
inversión pública, además que el sustento presentado, referido a las
características del terreno y suelo de la nueva ubicación, inobservó el
Reglamento Nacional de Edificaciones. Aunado a todo ello el riesgo de no
garantizar la disponibilidad de servicios básicos para el proyecto, entre otros
factores señalados en el informe de auditoría.
Como se conoce el proyecto
inicial disponía del estudio de factibilidad del año 2015, el mismo que contó
con la opinión favorable del Ministerio de Salud, y consideraba la demolición
de la actual infraestructura y la construcción de una nueva en el lugar donde
se sitúa hoy el hospital (Av. El Sol N° 1022 zona urbana de Puno), así como la
construcción de una infraestructura de contingencia en el Centro Poblado
Salcedo. Posteriormente, ajeno al proyecto y estudios técnicos aprobados, la
entidad regional decidió que el nuevo hospital se construya en el Centro Poblado
Jayllihuaya.
Vinculación de personal
Otro hallazgo producto de la
auditoría es que en el año 2017 el gobierno regional vinculó laboralmente a
profesionales para la elaboración y supervisión del Expediente Técnico, sin considerar
la normativa específica para efectuar dicha contratación. Cabe señalar que el
perfil y las funciones que iban a cumplir dicho personal fueron regularizados
con posterioridad a la contratación.
Asimismo, se incluyó en las planillas
de remuneraciones del personal contratado para la elaboración del Expediente
Técnico, el concepto de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) por S/ 164
369,97 que no les correspondía por no ser servidores nombrados, lo que ocasionó
un perjuicio económico al gobierno regional.
Contratación de servicios sin
requerimiento
La comisión de control también
evidenció que se contrataron servicios menores a 8 UIT por un total de S/ 63
900, los cuales fueron comprometidos sin contar con el requerimiento o la
recepción respectiva de órdenes de servicios por parte de los proveedores,
contraviniendo las normas y procedimientos que regulan las contrataciones de
bienes, servicios o consultorías, afectando claramente la legalidad, generando
que no se garantice la eficiencia en la ejecución de fondos públicos.
Pago de remuneraciones
La auditoría también detectó
que de los S/ 57 108 259 transferidos por el MINSA como resultado del convenio
suscrito con el gobierno regional, a pesar de estar destinados exclusivamente
para la ejecución de la obra y el equipamiento del proyecto, se efectuó el pago
de remuneraciones y servicios a favor de especialistas en contratos, asistentes
legales, especialistas en promoción social, entre otros, así como servicio de
fotocopiado y ploteo de planos que en total suman S/ 106 427, gastos no
enmarcados en el objeto del convenio.
Datos
La construcción del Hospital
Regional Manuel Nuñez Butrón se inició el 30 de setiembre de 2020. Su
culminación está programada para enero de 2023. A junio de este año presenta un
avance físico de 1.56 %, y una ejecución financiera de S/ 115 430 179,50 que
representa el 35,05% del monto contractual.
Actualmente se encuentra
paralizada por discrepancias entre el contratista y la entidad regional por la
no utilización de valores de los estudios básicos de mecánica de suelos en el diseño
estructural de la cimentación del Expediente Técnico, según el Informe
de Hito de Control N° 13470-2021-CG/MPROY-SCC, de julio de este año.
Los resultados de la auditoría
de cumplimiento fueron comprometidos este mes por el Contralor General Nelson
Shack, quien se trasladó a esta región para desarrollar la Jornada de Despacho
Contralor en la que realizó una visita de supervisión a la construcción del
Hospital. En ella recogió diversas preocupaciones
y denuncias formuladas por la población, la sociedad civil y congresistas de la
región.
La Contraloría General puso en
conocimiento del Gobierno Regional Puno los resultados de la auditoría de
cumplimiento para que inicien las acciones administrativas que correspondan
respecto a las responsabilidades identificadas y otras orientadas a mejorar
acciones, lineamientos y mecanismos internos que garanticen la pronta
conclusión de este importante proyecto. Asimismo, a la Procuraduría Pública
encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General para que inicie
las acciones legales contra los funcionarios y servidores públicos comprendido
en los hechos observados.
La ciudadanía puede acceder al
informe de control ingresando a este link (https://bit.ly/3jrKDQF) o en
nuestro Buscador
de Informes de Servicios de Control. (rrpp)
